Especialmente en el sexenio anterior, el gobierno federal auspició la
proliferación de universidades privadas que, en los hechos, no son otra
cosa que organismos improvisados donde los estudiantes no aprenden
nada. La SEP ya tiene detectados a esos centros de educación superior
certificada (según informó en enero), pero no divulga cuáles son, con lo
que de alguna manera perpetúa el fraude. Especialistas en educación
superior alertan sobre este fenómeno, que le quita presión al gobierno
federal pero les cancela el futuro a muchos jóvenes de escasos recursos
que se ilusionan con licenciaturas de papel.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El octavo día de enero, cumplido un mes del mandato de
Enrique Peña Nieto –para quien la educación fue tema central para
posicionar su gobierno–, la administración federal propagó la noticia: A
través del informe RVOE Federales y Programa de Fomento a la Calidad de
las Instituciones Particulares se descubrió que durante los últimos
seis años la Secretaría de Educación Pública (SEP) encubrió a
universidades privadas, popularmente denominadas patito, responsables de
impartir 7 mil 84 programas de licenciaturas, maestrías y doctorados
que no cumplen con la calidad mínima requerida para su certificación.
Según
el documento, esos más de 7 mil programas educativos, equivalentes a
45.6% de las opciones de estudio de nivel superior en el sector privado,
avalados por la SEP, fueron sancionados. Sin embargo sólo se retiró el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOE) a 921
programas durante ese periodo. En ninguno de los casos, entre
sancionados y cancelados, se dio a conocer la lista de las instituciones
que los imparten, violando el artículo 56 de la Ley General de
Educación.
El pasado 11 de enero el titular de la SEP, Emilio
Chuayffet, dijo al respecto: “Estamos haciendo el estudio
correspondiente a ese tipo de escuelas, que sí las hay. (…) reconozco
públicamente que sí hay escuelas patito, escuelas que no cumplen con sus
obligaciones y que tendrán que someterse a los criterios de evaluación
que el INEE establezca”, dijo en el Foro México 2013, Educación y
Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A
pesar de considerarlas un “fraude” educativo, el funcionario se rehusó a
dar a conocer la lista, alegando que sería poco respetuoso con los
maestros y estudiantes de las escuelas señaladas. “Aún no hay un
diagnóstico de esas escuelas, tenemos resultados prácticos. Cuando
hagamos las evaluaciones, las escuelas patito, las que estén mal,
tendrán que enfrentar consecuencias jurídicas”, advirtió.
Exhibido
el fraude, expandidas las universidades sin rango, el 23 de enero los
diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento
Ciudadano, publicaron una iniciativa de reforma a la Ley General de
Educación en el número 3693-III de la Gaceta Parlamentaria, donde
exhortan a la SEP a difundir de manera permanente en su sitio en
internet la lista de universidades privadas que han sido identificadas
por defraudar la calidad educativa.
“Esta situación es un claro
ejemplo de lo insuficiente que resultó la ‘pseudorreforma educativa’,
que dejó sin tocar a las universidades patito que defraudan a miles de
jóvenes universitarios que salen sin los conocimientos que se requieren,
y para los padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan
estudios universitarios ante la falta de ofertas públicas”, dice el
documento.
El dato cobra relevancia, sigue el documento, al
considerar que aproximadamente 30% de la matricula nacional de educación
superior –más de 1 millón de jóvenes– estudia en universidades
privadas.
“Y no es para menos, cuando recientemente nos
encontramos con el hecho que de la educación superior privada sólo 13.8%
de las instituciones particulares de enseñanza superior cuenta o está
en proceso de tener sus programas evaluados, y cuando 90% de las
universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se
ubican en los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es
decir que funcionan sólo con los requerimientos mínimos que establece la
ley”, dicen, haciendo referencia al informe que presentó la SEP.
Propiciadas por el Estado
La
proliferación de universidades calificadas como patito es resultado de
una política pública, según especialistas consultados por Proceso. Para
ellos, el “promotor” de ese mercado de escuelas de baja calidad es el
Estado mexicano.
“El Estado es el principal promotor de este
circuito mercantil. Fue el Estado el que le dio condiciones a ese
mercado de educación barata al no hacerse cargo de atender la demanda.
Con la existencia de ese tipo de escuelas (el gobierno) se ahorró
muchísimo dinero y construyó una vía de escape a la presión que le
ejercían los nuevos aspirantes a la educación superior”, explica el
investigador de El Colegio de México (Colmex) Manuel Gil Antón.
En
el estudio que presentó la SEP se informa que durante la administración
de Felipe Calderón se presentaron 11 mil 636 solicitudes para impartir
programas educativos de nivel superior con RVOE, de las cuales fueron
autorizadas 8 mil 592, más de la mitad de los programas vigentes totales
autorizados por la SEP.
A su partida, Calderón se jactó de haber
elevado la cobertura en educación superior en 35%, incluidos los
programas que la nueva administración de la SEP ha señalado por ser un
fraude.
“Es un 35%, pero con qué calidad. Y ahora, según el
reporte de Responsabilidad Social de la ANUIES, quieren llegar a 50% en
2020. ¿Así, donde más de la mitad de los programas son un fraude? ¿De
qué sirve ampliar la matrícula, atender a mayor proporción de jóvenes,
si una parte muy importante está estudiando en instituciones que no
tienen RVOE o que si lo tienen son un fraude?”, cuestiona Adrián de
Garay, exrector de la UAM-Azcapotzalco.
–¿Cómo interpreta esta
denuncia al amanecer del sexenio, con la que se exhibe a la
administración pasada? –se le pregunta a Gil Antón.
–Viene en la
lógica de que el Estado va a retomar la rectoría de la educación. Es una
crítica a la pasada gestión, pero no se ha convertido en una nueva
política con respecto a esas instituciones (patito). De entrada (la
administración de Peña Nieto), tampoco se compromete a nada. Nos
deberían haber dado la lista. Chuayffet no la da porque perderían
credibilidad social esas instituciones. ¡Necesitan perderla porque son
fraudulentas! No se trata de proteger a un particular, sino de proteger
su incumplimiento de la ley.
“Lo grave en lo que ha dicho
Chuayffet es que aun con el aval gubernamental no hay calidad. Entonces
las personas están indefensas. ¿Quieren retomar la rectoría de la
educación? Debería haber empezado por cancelar la posibilidad de seguir
estudiando en esas escuelas que no necesitan el RVOE para funcionar.
“Cuando
descubren que no tienen la calidad suficiente, la acción del Estado es
una denuncia, no una clausura y tampoco la apertura de opciones
universitarias públicas. El problema no se resuelve. Ha habido
instituciones en las cuales habría que fincar responsabilidad penal por
engaño. ¿Dónde está la acción de la SEP en eso? Ahí hay un terreno de
impunidad. No sólo de quienes ofrecen ese servicio sin calidad, sino de
quienes lo aprobaron y lo siguen permitiendo”, dice el sociólogo, quien
califica como una tragedia que en México ingresar al sistema de
educación superior no garantiza acceder al conocimiento “relevante”.
Urge
una reforma legislativa que “impida” que operen esas instituciones,
dice De Garay. “Y eso va a la par de invertir muchos millones de pesos
para ampliar la oferta como responsabilidad pública. ‘Te voy a cerrar tu
universidad, pero junto tengo que construir otra’, para atender a esos
miles de jóvenes a los que se les está engañando. Hasta ahora Calderón
no hizo más que abrir casi 100 (96) institutos politécnicos y
tecnológicos que no están funcionando porque no tienen demanda. En
cambio fue vergonzoso ver cómo apoyó al sector con los préstamos para
ingresar a esas escuelas. Se cambió un movimiento de rechazados de la
universidad pública por uno de futuros endeudados”.
Durante tres
semanas Proceso solicitó una entrevista con algún funcionario de la SEP
para abordar el tema. Dijeron estar ocupados en otros asuntos. La
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
(FIMPES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(Copaes), organizaciones calificadas para la certificación de la
educación superior, también declinaron hablar con el reportero.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en circulación.